Ulandinos analizan Proyecto de Ley de Aceleración de Trámites Administrativos
Estudiantes de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (Facijup-ULA) profundizaron en el contenido del proyecto de Ley de Aceleración de Trámites Administrativos. Esta propuesta legal, orientada a la Administración Pública, fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) el pasado mes de enero de 2026.
La actividad académica se llevó a cabo este 20 de febrero del 2026 en la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación (FAHE-ULA), bajo la organización del Movimiento Estudiantil Social Demócrata (MSD).
Objetivo de la Ley: Celeridad y eficiencia
El ponente del encuentro fue Jean-Denis Rosales, profesor de Derecho Constitucional de la Facijup-ULA, quien explicó que el propósito central del proyecto es agilizar y descongestionar los procesos administrativos. Según Rosales, se busca eliminar los obstáculos que impiden al ciudadano obtener derechos o beneficios con prontitud ante el Estado.
El docente recordó que este es un mandato constitucional establecido en el artículo 141, el cual reza: "La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad".
El derecho a una "buena administración"
Rosales precisó que una "buena administración" es aquella que se mantiene apegada a Derecho y resuelve oportunamente las solicitudes del administrado. En este sentido, hizo referencia al artículo 51 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad y a obtener una respuesta adecuada.
Asimismo, destacó herramientas legales vigentes como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que faculta a los ciudadanos para reclamar ante retardos, omisiones o incumplimientos de plazos, incluyendo el recurso de queja contra funcionarios.
El desafío: cultura funcional vs. sistema jurídico
Para el especialista, el problema de fondo no radica en la estructura del sistema jurídico, sino en la cultura funcional. Detalló que, aunque las leyes y principios existen, falta la práctica administrativa y la voluntad por parte de los funcionarios para hacerlos cumplir.
"No existe voluntad política para hacer valer los beneficios del administrado ni vocación de servicio suficiente por parte del funcionario", enfatizó Rosales.
Finalmente, el docente comparó los principios de la actividad administrativa del artículo 30 de la LOPA con el texto constitucional y analizó la Ley Orgánica de la Administración Pública (2014). Señaló que los primeros 12 artículos de este instrumento son, en su opinión, garantías fundamentales de buena administración que protegen al ciudadano frente al Estado.
(Prensa ULA: Elianys Salas / CNP 18723. Foto: Elianys Salas)
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