Comisión contra la Violencia de Género de la ULA denuncia falta de recursos y apoyo institucional
La comisión encargada de implementar el Reglamento contra la Violencia de Género y la Discriminación de la Universidad de Los Andes (ULA) compareció ante el Consejo Universitario (CU) para presentar un balance a dos años de su aprobación.
Holaya Peña, coordinadora de la referida comisión, manifestó ante el pleno del CU-ULA que, tras dos años de gestión, la instancia no cuenta con un sello propio, oficina independiente ni equipos tecnológicos.
Actualmente dependen de los espacios del Servicio Jurídico y del Observatorio de Derechos Humanos para poder funcionar, explicó Peña.
Informó que de las comunicaciones enviadas a gremios y núcleos universitarios aún no han recibido respuesta alguna.
Esto evidencia una falta de articulación para la aplicación efectiva del reglamento en toda la institución.
Desprotección en salud mental
Uno de los puntos más críticos expuestos por Peña es la desprotección en materia de salud mental para la atención a las víctimas.
Hasta el momento han dependido de pasantes de la Escuela de Psicología, quienes no pueden emitir evaluaciones con validez jurídica para los expedientes.
Esta situación limita gravemente el acompañamiento psicosocial que requiere el proceso, señaló la coordinadora.
Receptorías en cada dependencia
La comisión solicitó formalmente el apoyo del CU para designar personal receptor de denuncias en todas las dependencias universitarias.
Igualmente, pidieron que se asignen espacios para talleres de formación en violencia de género durante las bienvenidas a nuevos estudiantes.
Función investigativa
Por su parte el doctor Iván Toro, miembro de la comisión, enfatizó que este ente no es únicamente de apoyo, sino que posee una función investigativa crucial.
Aclaró que además de recibir y analizar los casos de violencia y discriminación, realizan la investigación correspondiente.
Luego de este proceso, remiten un informe final a las autoridades competentes para la imposición de las sanciones respectivas.
Toro advirtió que el desconocimiento del reglamento entre profesores, estudiantes y personal administrativo obstaculiza este proceso.
Esto impide que la normativa cumpla su propósito de erradicar la violencia en la institución.
Estudiantes como receptores
Iván Toro aclaró que los estudiantes pueden participar como órganos receptores de denuncias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Deben recibir la formación previa dictada por la propia comisión para poder ejercer esta función.
El objetivo es que la comisión sirva como una herramienta activa y articulada en todas las facultades y núcleos del estado Mérida.
Órgano investigativo
Andrea González, del Servicio Jurídico de la ULA y miembro de la comisión, aclaró que esta instancia no es un órgano de apoyo, sino de investigación.
Las víctimas denuncian y luego el equipo realiza una investigación con entrevistas a la víctima, al agresor y a testigos para emitir un informe final.
González destacó que actualmente tienen dos casos en proceso y en uno de ellos recomendaron una sanción.
Sin embargo, aún están a la espera de una respuesta, lo cual es preocupante.
"Esta comisión investiga e invierte tiempo y no hay respuesta, lo cual se convierte en frustrante para la víctima y para la misma comisión", concluyó González.
(Prensa ULA / María Pérez / Fotos: Lánder Altuve)
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